El cambio de paradigma económico y social erigido y sostenido en la actualidad por los países latinoamericanos, nos pone ante el desafío de profundizar los procesos de democracia participativa que han comenzado en nuestro país al iniciarse este siglo.
La democracia como sistema exclusivamente representativo ha mostrado sus signos de agotamiento en aquellos acontecimientos de fines de 2001 y principios de 2002, en los cuales una enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas argentinas han salido a las calles en reclamo de una mayor democratización de la democracia ya que, se advertía aquello unos años antes señalaba Adam Przeworski (1998: 61): “La dificultad que enfrentan los regímenes democráticos contemporáneos es que si bien la democracia es un sistema de derechos positivos, no genera automáticamente las condiciones requeridas para el ejercicio efectivo de esos derechos y esas obligaciones. En particular, la seguridad material y la educación, así como el acceso a la información, necesarios para ejercer la ciudadanía, no están garantizados a toda la población por la mera existencia de instituciones democráticas”.
Finalmente, la crisis de representación desatada en estos años ha disparado varias consecuencias, siendo una de ellas el surgimiento de gobiernos de co-gestión basados en mecanismos de democracia participativa como expresión de necesidad de involucramiento ciudadano en la cosa pública.
Una de las cuestiones que pone en el tapete esta nueva manifestación de involucramiento ciudadano es una recuperación de la solidaridad colectiva perdida durante los años del neoliberalismo. ¿Cuál es la solidaridad que se perdió? Aquella construida durante los años de Estado de Bienestar en nuestro país y que consistía básicamente en una serie de políticas sociales a través de las cuales se fomentaba el sentimiento de solidaridad entre vecinos de una comunidad. Así, la educación, la salud, la seguridad social constituían redes de cooperación entre ciudadanos y Estado, ejerciendo éste último un rol fuertemente activo.
Pierre Rosanvallón (1995) analiza, en “La nueva cuestión social”, los cambios producidos en la seguridad social de Francia luego de la caída de las “sociedades aseguradoras” basadas en los seguros de protección social y en el marco de un Estado de Derecho que garantizaba ingresos y servicios a la población, ya sea a través de niveles de pleno empleo o seguros de riesgo para los no incluidos en el mercado de trabajo. Los seguros provenientes del Estado se asignaban a aquellos ciudadanos comprendidos en la posibilidad de sufrir un riesgo social (vejez, discapacidad, desempleo, etc.) en algún momento de su vida. Los y las ciudadanas aportaban al Estado de manera solidaria, por ejemplo: los y las trabajadores/as contribuían a un sistema de previsión social para aquellos ciudadanos y ciudadanos que se encontraban en situación de desempleo o jubilados/as. De la misma manera, desde el Estado se fomentaba la producción de un espacio público a ser compartido por los y las ciudadanas persiguiendo la institución de relaciones de intercambio y reciprocidad entre vecinos de una comunidad. La crisis de este modelo se produjo cuando se impuso el modelo de mercado neoliberal y se fortaleció el individualismo en las sociedades europeas.
Podemos conocer la situación de América Latina a través de la perspectiva del sociólogo uruguayo Rubén Kaztman, quien observa las diferentes segregaciones que sufren los pobres urbanos: residencial, laboral y educativa, y que termina por provocar aislamiento entre sectores sociales ubicados en diferentes lugares de la escala social y económica. Cuando los/as ciudadanos/as de clases sociales más acomodadas comienzan a ver al pobre como un extraño, y no como vecino y compañero de su ciudad, se corrompe todo intento de generar proyectos políticos comunes en una comunidad al debilitar los vínculos entre vecinos y generar mecanismos de exclusión de ciudadanos pobres.
Para pensar en una comunidad integrada que proyecta un futuro compartido en base a la participación de todos o la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, es necesario romper este círculo vicioso de reproducción de dispositivos de segmentación social que aíslan a las clases sociales y coadyuvan al descreimiento de la política y el Estado como asignador de recursos para ponderar al mercado en este rol.
Considero relevante mencionar ambos puntos de vista ya que, el intelectual francés nos recuerda nuestros años duros de neoliberalismo durante la década de los ’90, que ha calado fuertemente en el sentido común y en las conciencias de los y las argentinas a través de los procesos de privatización y alejamiento del Estado en el diseño y ejecución de políticas de corte universalista para dar lugar a la adopción de programas y planes “enlatados” y de objetivos focalizados provenientes de organismos multilaterales de crédito y dejando en manos del mercado el destino de miles de ciudadanos y ciudadanas que perdían su status de ciudadanía por el abandono estatal y la creciente degradación de sus condiciones de vida, principalmente en las periferias de los grandes centros urbanos y en el interior de nuestro país. Por el contrario, la minoría beneficiada con este modelo económico e impulsada por el creciente individualismo reinante en una sociedad volcada al consumo y ostentación, comenzó un proceso de alejamiento de los centros urbanos para mudarse a los nuevos y florecientes barrios privados y countries ubicados en las periferias más agraciadas de los centros urbanos. En este punto vinculamos nuestro análisis con el de Kaztman, quien nos invita a ver una realidad latinoamericana generada en ésta década y aún presente en nuestra región, describiendo cómo afecta a los pobres urbanos esta segmentación residencial, especialmente al momento de inclusión a través del mercado. Estos procesos contribuyeron intensamente a la vulnerabilidad de solidaridades y vínculos comunes entre ciudadanos de una comunidad.
Los sucesivos gobiernos argentinos desde la recuperación de la democracia hasta el inicio de este nuevo siglo, han sufrido esa “crisis de representatividad” de la cual nos han hablado varios politólogos, y el quiebre de solidaridades y el aumento del individualismo han contribuido fuertemente en ese sentido. La intensa politización y polarización ideológica de organizaciones políticas y sociales los años `70, se deshicieron ante el avance dictaduras militares combinadas con la adopción sin filtros de una economía de mercado global de corte neoliberal que tenía como objetivo imponer un sistema de mercado autorregulado exento de participación ciudadana y estatal.
Los efectos de este fenómeno repicaron tanto a nivel nacional como provincial y local. Los gobiernos locales a pesar de haber tenido mayores funciones gracias a los procesos de descentralización de los ’90, perdieron sus capacidades de decisión por una importante desfinanciación de sus cajas a la vez que sus dirigentes políticos sufrían un gran deterioro de su imagen y un déficit en su poder de direccionamiento de la sociedad civil.
Un nuevo proceso de participación ciudadana iniciado en Porto Alegre, Brasil, ha sido el modelo que varias localidades de nuestro país han adoptado para comenzar a revertir el proceso de despolitización alimentado por los gobiernos de corte neoliberal, con el objetivo de recomponer la relación entre ciudadanos/as y la política y construir un proyecto común de comunidad profundizando el sistema democrático y teniendo como pilares del proceso a ciudadanos y ciudadanas que demandan mayor involucramiento en los asuntos públicos.
¿Cómo se hizo y cómo debemos seguir haciéndolo?
A partir de la construcción participativa en la agenda, diseño y planificación de políticas sociales tendientes a garantizar derechos y en la cual deben intervenir ciudadanos y ciudadanas, organizaciones civiles y el Estado de manera conjunta, ocupando un lugar central los sujetos de derecho beneficiados o afectados por la política estatal, porque, ¿quién mejor que ellos conocen las necesidades y demandas de su barrio, comunidad o esfera de actividades con las que interactúan en sus vidas cotidianas? Este debería ser el enfoque de virtualidad democratizadora predominante en los procesos de descentralización de políticas públicas, tal como lo señala Carlos Vilas (2003: 44): “aproximar las decisiones de política a jurisdicciones subnacionales favorecería una mayor y más efectiva participación de los actores directamente interesados en ellas, circulación abierta de información, fiscalización social de la gestión pública, etcétera” Creemos que los procesos de descentralización de los años ‘90 realizados en nuestro país no han tenido esta lógica participativa, sino más bien se han ejecutado con un propósito esencialmente fiscalista, disfrazado en el discurso neoliberal, de aquella otra lógica.
La profundización de la democracia es un objetivo y un proyecto colectivo llevado a cabo por todos y todas a partir de la firme creencia en la política como acción transformadora de la realidad cotidiana y la reconstrucción del vínculo entre ciudadanos/as y política, pero también entre la política y ciudadanos/as, entendiendo que todos y todas desde nuestros lugares debemos estar comprometidos para hacer realidad esta propuesta.
Referencias bibliográficas
• KAZTMANN, Rubén, (2001). Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. Santiago de Chile, Revista de la CEPAL Nº 75.
• PRZEWORSKI, Adam, (1998). Democracia sustentable. Buenos Aires, Paidós.
• ROSANVALLÓN, Pierre (1995). La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia. Buenos Aires, Manantial.
• VILAS, Carlos, (2003). Descentralización de políticas públicas: Argentina en la década de 1990. Buenos Aires, RAP, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública Nº 300.
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